¿Qué diferencia hay entre un ERE y un despido?

Un **ERE** (Expediente de Regulación de Empleo) y un **despido** son dos formas diferentes de acabar una relación laboral entre un empleador y un empleado, pero hay diferencias importantes que los distinguen.

En primer lugar, un ERE es una medida que se aplica cuando una empresa se encuentra en una situación económica o productiva complicada y necesita hacer ajustes en su plantilla laboral. El objetivo de un ERE es reducir el número de empleados de manera colectiva, ya sea mediante despidos o mediante la modificación de las condiciones laborales de los trabajadores. En cambio, un despido es una decisión unilateral del empleador de poner fin a la relación laboral con un empleado específico.

Otra diferencia clave es que mientras que un ERE afecta a un grupo de empleados o a toda la plantilla de una empresa, un despido es una acción individual que sólo afecta a un empleado en particular. Un ERE requiere de un proceso más complejo y formal, en el que se deben cumplir ciertos requisitos legales y se debe consultar con los representantes de los trabajadores. En un despido, el empleador sólo necesita comunicar la decisión al empleado y no tiene la obligación de consultar con nadie más.

Además, un ERE puede tener diferentes consecuencias para los empleados afectados, como la posibilidad de recibir una indemnización o ser recolocados en otro puesto de trabajo dentro de la empresa. En cambio, en un despido, el empleado puede recibir una indemnización, pero no existe la posibilidad de recolocación dentro de la misma empresa.

En resumen, un ERE es una medida colectiva que se aplica en situaciones de crisis económica o productiva de una empresa, mientras que un despido es una decisión individual de un empleador para terminar la relación laboral con un empleado específico. Además, un ERE implica un proceso más formal y complejo, con posibles consecuencias y alternativas para los empleados afectados, mientras que en un despido simplemente se comunica la decisión al empleado y puede resultar en una indemnización.

¿Qué indemnización me corresponde por un ERE?

La indemnización por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) varía dependiendo de diferentes factores.

En primer lugar, es importante tener en cuenta el tiempo que has trabajado en la empresa. En general, por cada año completo trabajado, se suele recibir una cantidad equivalente a 20 días de salario, con un máximo de 12 mensualidades.

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de despido que se produce en el ERE. Si se trata de un despido objetivo o improcedente, la indemnización será la misma que en un despido ordinario, como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, si se trata de un despido colectivo debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la indemnización puede ser mayor.

Además, también es importante tener en cuenta si se ha llegado a un acuerdo con la empresa respecto a la indemnización. En algunos casos, las partes pueden negociar una indemnización superior a la establecida legalmente.

En cualquier caso, es recomendable consultar a un abogado laboralista para obtener asesoramiento personalizado sobre las condiciones y las cantidades que te corresponden en tu caso específico.

¿Quién paga los despidos en un ERE?

En un ERE, la pregunta de quién paga los despidos es de vital importancia. La respuesta varía en función de diferentes factores. En primer lugar, el pago de los despidos puede correr a cargo de la empresa que realiza el ERE. Esta responsabilidad recae sobre la empresa si la causa del despido es imputable a la misma, como por ejemplo en situaciones de mala gestión o crisis económica.

En cambio, si los despidos son consecuencia de causas ajenas a la empresa, como cambios en la demanda del mercado o reestructuraciones a nivel sectorial, la responsabilidad del pago de los despidos puede recaer en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este caso, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el SEPE para poder acceder a las prestaciones por desempleo.

Además, en algunos casos existe la posibilidad de que los despidos sean financiados con recursos provenientes de fondos públicos, dependiendo de la política de cada gobierno y de las medidas de protección al empleo vigentes en el momento. Estos fondos pueden incluir programas de apoyo a la reindustrialización, de recolocación laboral o de ayudas económicas directas a los trabajadores afectados.

En resumen, quién paga los despidos en un ERE depende de factores como la causa del despido, la situación económica de la empresa y las políticas de apoyo al empleo del gobierno. Es importante tener en cuenta que los despidos en un ERE suelen tener un impacto social y económico significativo, por lo que es fundamental contar con medidas que ayuden a minimizar las consecuencias negativas para los trabajadores afectados.

¿Que supone un ERE para el trabajador?

Un ERE, que significa Expediente de Regulación de Empleo, es una medida que una empresa puede adoptar en caso de necesitar una reestructuración o ajuste en su plantilla laboral. Este proceso puede suponer significativos cambios e incertidumbre para los trabajadores afectados.

El principal impacto de un ERE es la posibilidad de perder el empleo. Los trabajadores se enfrentan a la incertidumbre de si serán incluidos en el proceso y, en caso de serlo, si serán finalmente despedidos o recolocados en otro puesto de trabajo. Esta situación genera gran preocupación y ansiedad en los trabajadores, ya que implica una posible pérdida de estabilidad y seguridad laboral.

Otro aspecto a considerar es el impacto económico que conlleva un ERE para el trabajador. En caso de ser despedido, tendrá que enfrentarse a la búsqueda de un nuevo empleo, lo que implica un tiempo de adaptación y una posible disminución en los ingresos. Además, pueden existir indemnizaciones o compensaciones económicas que la empresa debe pagar al trabajador despedido.

La relación laboral entre el trabajador y la empresa también se ve afectada por un ERE. Puede generar tensión y conflictos entre ambas partes, ya que los trabajadores pueden sentirse desprotegidos y descontentos con la situación. Esto puede afectar su rendimiento y el ambiente laboral en general.

En resumen, un ERE supone un momento difícil y complicado para el trabajador, tanto a nivel emocional como económico. Es importante que los trabajadores afectados busquen apoyo y asesoramiento para enfrentar esta situación de la mejor manera posible.

¿Cuántos despidos son un ERE?

Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es una medida que permite a las empresas realizar despidos colectivos de empleados de forma legal y regulada en situaciones de reestructuración, crisis económica o causas de fuerza mayor. Sin embargo, la cantidad de despidos necesaria para que se considere un ERE varía según la legislación laboral de cada país.

En España, por ejemplo, se considera un ERE cuando una empresa tiene la intención de despedir a más de 20 trabajadores en un periodo de 90 días. Esto incluye tanto despidos individuales como colectivos. Sin embargo, existen excepciones y situaciones especiales en las que se puede solicitar un ERE incluso si no se llega a este número mínimo de despidos.

En otros países, las leyes laborales establecen diferentes criterios para definir un ERE. Algunos países requieren un número mínimo de despidos, mientras que otros consideran factores adicionales como el porcentaje de la plantilla que se verá afectado, la duración del despido o la situación económica de la empresa.

Es importante destacar que un ERE implica la necesidad de cumplir con ciertos requisitos legales y de llevar a cabo un proceso de consulta y negociación con los representantes de los trabajadores. Además, la empresa debe proporcionar una justificación sólida y documentar la situación económica o laboral que motiva los despidos.

En resumen, la cantidad de despidos necesaria para que se considere un ERE puede variar según la legislación laboral de cada país. En España, por ejemplo, se considera un ERE cuando una empresa tiene la intención de despedir a más de 20 trabajadores en un periodo de 90 días, pero en otros países pueden aplicarse diferentes criterios y requisitos legales.